Las autoridades judiciales de Bahrein condenaron a siete disidentes políticos a la cárcel y revocaron su ciudadanía mientras el régimen gobernante de Al-Jalifa sigue adelante con su severa represión contra los activistas a favor de la democracia en el reino del Golfo Pérsico.
Según la Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) - La cadena de televisión Lualua en idioma árabe informó que los funcionarios declararon a los acusados culpables de "unirse a un grupo terrorista" y de participar en la explosión de un oleoducto de crudo en la aldea norteña de Buri, ubicada a unos 13 kilómetros al suroeste de la capital Manama, el pasado noviembre.
Cinco de ellos fueron condenados a cadena perpetua por la explosión, además se les quitó la ciudadanía y se les ordenó pagar 200,000 dinares bahreiníes (usd $ 530,480) en multa.
Otros dos acusados fueron condenados a diez y cinco años de cárcel.
La abogada Fatima al-Haway dijo que los convictos han rechazado enérgicamente los cargos falsificados que se les imputan.
De los siete acusados, tres fueron juzgados en ausencia. Los otros cuatro fueron identificados como Fadhel Ali, de 23 años, Anwar al-Mushaima, de 24 años, Mohammed Mahrous, de 27, y Adel Saleh, de 23 años.
Miles de manifestantes en contra del régimen han realizado manifestaciones en Bahréin casi a diario desde que comenzó un levantamiento popular en el país a mediados de febrero de 2011.
Exigen que el régimen de Al-Jalifa renuncie al poder y permita que se establezca un sistema justo que represente a todos los bahreiníes.
Según Press TV, Manama ha hecho todo lo posible para reprimir cualquier señal de disidencia. El 14 de marzo de 2011, se desplegaron tropas militares de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos para ayudar a Bahréin en su represión.
Decenas de personas han perdido la vida y otros cientos sufrieron lesiones o fueron arrestados como resultado de la represión del régimen de Al-Jalifa.
El 5 de marzo de 2017, el parlamento de Bahréin aprobó el juicio de civiles en tribunales militares en una medida criticada por activistas de derechos humanos como equivalente a la imposición de una ley marcial no declarada en todo el país.
El rey bahreiní Hamad bin Isa Al-Jalifa ratificó la enmienda constitucional el 3 de abril del año pasado.
