Decenas de miles de bahreiníes salieron a la calle en manifestaciones de condena en medio de un gran despliegue policial, incluidos helicópteros que volaban a una altura muy baja.
Las fuerzas de la oposición hicieron un llamado a la “desobediencia” y declararon un día de luto general en todo el país tras el anuncio de la ejecución por parte de las autoridades de los tres jóvenes, Sami Mushaima, Abbas Jamil Tahir y Ali Abdelshahid.
Las marchas de los bahreiníes fueron respondidas por las fuerzas de seguridad con fuego vivo. Los gendarmes emplearon balas de fragmentación, prohibidas internacionalmente, para sofocar las manifestaciones, causando heridas a varias personas.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que las pruebas del proceso fueron obtenidas bajo tortura. Según Amnistía Internacional, Sami y Abbas fueron golpeados, electrocutados, quemados con cigarrillos, privados de sueño y sufrieron abusos sexuales durante su detención.
Precisamente la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, ha tildado las ejecuciones de este domingo de “asesinatos extrajudiciales” basados en “la tortura, un juicio injusto y pruebas frágiles”.
A juicio de la ONG británica Reprieve, la sentencia parte “de confesiones extraídas bajo tortura” y es una violación del derecho internacional.
Protegida por los monarcas vecinos, la familia Al Jalifa administra esta diminuta isla como si fuera su hacienda con el beneplácito de Occidente. En su perímetro está emplazada una base naval estadounidense. Además, la marina británica construye en estos momentos un cuartel similar.
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